La nueva ley de Educación entra en vigor certificando el desencuentro absoluto entre los partidos políticos y sin esperanzas de renovación del sistema

La LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, o Ley Orgánica de Educación) entró en vigor el pasado día 19 de enero, en medio de una polémica y un enfrentamiento político y social que le auguran la misma vida que a las siete que la precedieron desde la restauración de la democracia en nuestro país: durará lo que dure el gobierno que la ha puesto en marcha. El propio título de la ley indica que nace para reformar una anterior (la LOE, puesta en marcha por el anterior gobierno socialista en 2006) y, a pesar de que su subtítulo sea “Una educación para el siglo XXI”, parece bastante lejos de poder sentar las bases de la imprescindible y urgente renovación de nuestro caduco sistema educativo para adaptarlo a las necesidades de la sociedad de la información surgida de la revolución digital.

Que haya sido bautizada, al igual que las precedentes, con el nombre del responsable del ministerio, en este caso la ministra Isabel Celaá, es el primer indicador de que nada ha cambiado: ha sido redactada por la (en este caso las) formación política en el gobierno sin lograr consenso ni con los partidos políticos con representación parlamentaria, ni las organizaciones sociales y profesionales que deberían estar implicadas en un diálogo previo que permita sentar las bases de un sistema educativo duradero y enfocado a solventar los graves problemas educativos del país. Una vez más, la reforma educativa responde a criterios políticos y electoralistas, supone un retroceso en las posibilidades de diálogo, profundiza en la simplificación y banalización de la enseñanza y lleva a las aulas una crispación que recuerda en muchos aspectos, el viejo concepto de lucha de clases.

De nuevo, las polémicas sobre aspectos puntuales han opacado las verdaderas cuestiones de fondo. La religión, la pelea por el negocio educativo concretada en la enseñanza concertada, el tira y afloja en torno al concepto “vehicular” del idioma y el concepto de la “excepcionalidad” de la repetición de curso, han relegado a un segundo plano los verdaderos debates para convertir un sistema de conocimiento memorístico heredado del siglo XIX, en un sistema de desarrollo del aprendizaje destinado a solventar retos y problemas desconocidos y en constante evolución, que es lo que demanda la sociedad del siglo XXI.

Como ya sucedió con la norma anterior, la LOMCE o Ley Wert, las comunidades autónomas donde gobierna la oposición, ya han mostrado su intención de usar todos los mecanismos posibles para sortear la puesta en marcha eficaz de esta ley, o al menos de los capítulos en los que discrepan abiertamente. Eso, unido a la falta de recursos, la catastrófica situación de nuestros centros educativos, con un profesorado sobrepasado por la pandemia del COVID, convierte esta nueva ley educativa en un cadáver político condenado al fracaso. El octavo en 41 años.

Eduardo Castellón Mallor

Sincronía, una sola Humanidad. Por un Pacto de Estado en Educación

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