Concepción Arenal, pionera española en la lucha por los derechos humanos y precursora del feminismo

Concepción Arenal Ponte vino a parar al mundo el 31 de enero de 1820 en la ciudad gallega de Ferrol, en el seno de una familia de sangre noble e ideas ilustradas. Su padre fue un militar represaliado y encarcelado a menudo por sus ideas liberales bajo el régimen despótico de Fernando VII. A causa del régimen penitenciario acabó falleciendo cuando Concepción tenía solo nueve años y la niña, junto a su madre y sus dos hermanas, se fue a vivir a Cantabria con su abuela, quién se empeñó e inculcarle una férrea formación religiosa, hasta que su madre decidió instalarse en Madrid e ingresarla en un colegio para señoritas. A los 21 años ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, pero tuvo que hacerlo disfrazada de hombre hasta que se descubrió su verdadera identidad y el rector la sometió a un examen especial que superó con creces.

Tras esa prueba fue autorizada a asistir a las clases, pero no a las regulares, sino de una forma segregada: cada día era recogida en la entrada del claustro por un bedel que la trasladaba a un cuarto donde estaba sola hasta que el profesor de la materia que iba a impartirse la recogía para ir a la clase, donde se sentaba aparte de sus compañeros masculinos. A pesar de tan infame método, logró completar sus estudios y siguió con su desafio social, volviendo a disfrazarse de hombre para participar en las tertulias literarias y políticas de la época. En 1848 se casó con el abogado y escritor Fernando García Carrasco, que murió nueve años después, dejando a Concepción viuda y con dos hijos. Se traslada de nuevo a Cantabria donde, gracias a la influencia del músico Jesús de Monasterio, comienza a interesarse en las actividades humanitarias y acaba fundando el grupo femenino de las Conferencias de San Vicente de Paúl en la localidad de Potes.

En 1861 escribe su obra La beneficencia, la filantropía y la caridad, con la que se presenta al concurso convocado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, usando el nombre de su hijo Fernando, hasta que de nuevo es desenmascarada y, tras mucho batallar, consigue convertirse en la primera mujer premiada por la Academia. Poco después publica el Manual del visitador del pobre, obra que fue traducida al polaco, al inglés, al italiano, al francés y al alemán, y que llamaría la atención del director general de Establecimientos penales, Antonio de Mena y Zorrilla, y del ministro de Gracia y Justicia, Rodríguez Vaamonte, con cuyo apoyo es nombrada como la primera mujer inspectora de las cárceles de mujeres en 1864. Siguió publicando libros como Cartas a los delincuentes (1865), El reo, el pueblo y el verdugo o La ejecución de la pena de muerte (ambas en 1867), que la convierten en una destacada figura en la defensa de los presos y los desfavorecidos. En 1872 fundó la Constructora Benéfica, una sociedad dedicada a la construcción de casas baratas para obreros. También colaboró activamente en la organización en España de la Cruz Roja.

En 1869 publica su primera obra sobre los derechos de la mujer, La mujer del porvenir, en la que critica duramente las teorías que defendían la inferioridad de las mujeres basada en razones biológicas. Aunque en principio no era es partidaria de la participación de las mujeres en política por el riesgo de sufrir algún tipo de represalia y dejar abandonados el hogar y la familia, acabará afirmando que “Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie”. En 1891 en el ensayo sobre El trabajo de las mujeres denuncia la escasa preparación industrial de la mujer y su desigualdad salarial. En 1895 publica su trabajo Estado actual de la mujer en España, en el que analiza la situación de las españolas en el terreno laboral, religioso, educativo, de opinión pública y moral, denunciando su marginación a causa “del egoísmo masculino”.

Falleció el 4 de febrero de 1893 en Vigo, donde fue enterrada bajo una lápida que reza “A la virtud, a una vida, a la ciencia”. Hoy es recordada no sólo como una defensora de los derechos femeninos, sino como una de las primeras reformadoras del sistema penitenciario, con conceptos tan claros como su famosa frase: “Odia el delito y compadece al delincuente”.

Sincronía , una sola Humanidad

La nueva ley de Educación entra en vigor certificando el desencuentro absoluto entre los partidos políticos y sin esperanzas de renovación del sistema

La LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, o Ley Orgánica de Educación) entró en vigor el pasado día 19 de enero, en medio de una polémica y un enfrentamiento político y social que le auguran la misma vida que a las siete que la precedieron desde la restauración de la democracia en nuestro país: durará lo que dure el gobierno que la ha puesto en marcha. El propio título de la ley indica que nace para reformar una anterior (la LOE, puesta en marcha por el anterior gobierno socialista en 2006) y, a pesar de que su subtítulo sea “Una educación para el siglo XXI”, parece bastante lejos de poder sentar las bases de la imprescindible y urgente renovación de nuestro caduco sistema educativo para adaptarlo a las necesidades de la sociedad de la información surgida de la revolución digital.

Que haya sido bautizada, al igual que las precedentes, con el nombre del responsable del ministerio, en este caso la ministra Isabel Celaá, es el primer indicador de que nada ha cambiado: ha sido redactada por la (en este caso las) formación política en el gobierno sin lograr consenso ni con los partidos políticos con representación parlamentaria, ni las organizaciones sociales y profesionales que deberían estar implicadas en un diálogo previo que permita sentar las bases de un sistema educativo duradero y enfocado a solventar los graves problemas educativos del país. Una vez más, la reforma educativa responde a criterios políticos y electoralistas, supone un retroceso en las posibilidades de diálogo, profundiza en la simplificación y banalización de la enseñanza y lleva a las aulas una crispación que recuerda en muchos aspectos, el viejo concepto de lucha de clases.

De nuevo, las polémicas sobre aspectos puntuales han opacado las verdaderas cuestiones de fondo. La religión, la pelea por el negocio educativo concretada en la enseñanza concertada, el tira y afloja en torno al concepto “vehicular” del idioma y el concepto de la “excepcionalidad” de la repetición de curso, han relegado a un segundo plano los verdaderos debates para convertir un sistema de conocimiento memorístico heredado del siglo XIX, en un sistema de desarrollo del aprendizaje destinado a solventar retos y problemas desconocidos y en constante evolución, que es lo que demanda la sociedad del siglo XXI.

Como ya sucedió con la norma anterior, la LOMCE o Ley Wert, las comunidades autónomas donde gobierna la oposición, ya han mostrado su intención de usar todos los mecanismos posibles para sortear la puesta en marcha eficaz de esta ley, o al menos de los capítulos en los que discrepan abiertamente. Eso, unido a la falta de recursos, la catastrófica situación de nuestros centros educativos, con un profesorado sobrepasado por la pandemia del COVID, convierte esta nueva ley educativa en un cadáver político condenado al fracaso. El octavo en 41 años.

Eduardo Castellón Mallor

Sincronía, una sola Humanidad. Por un Pacto de Estado en Educación