DOCUMENTOS BESINCRO Las leyes educativas españolas (4) De la LOE, a la LOMCE (2006 – 2013)

imagen_15097Cuarto y último capítulo del resumen especial sobre la historia de las leyes educativas en España, que comenzamos a publicar con motivo del inicio de los trámites parlamentarios de la LOMLOE, la octava reforma en democracia. Hoy es el turno de la LOE, una refundición y adaptación de las principales leyes educativas de los gobiernos socialistas, y de la LOMCE, probablemente la reforma más polémica de nuestro sistema educativo con la que el Partido Popular pretendió dar un giro absoluto a las reformas socialistas y que acabó sin implementarse totalmente en medio de un ambiente de inestabilidad política que propició la moción de censura que en 2018 llevó a la caída del gobierno de Mariano Rajoy.

La LOE, 2006

Con esta ley el nuevo gobierno socialista desmantelaba los preceptos de la momificada LOCE, que llevaba cuatro años olvidada en los vericuetos administrativos del Ministerio de Educación. Por entonces, la situación de la educación española distaba de ser buena, tal y como refleja un informe de la UNESCO, que la coloca en el puesto veintiséis en cuanto a desarrollo educativo, por debajo de los mayoría de los países de la Unión Europea.

La Ley Orgánica de Educación podría ser fácilmente considerada como una refundición de diversos aspectos de leyes anteriores como la LOGSE, la LOPEG y la LOCE. Su objetivo teórico es adecuar la educación no universitaria “a la situación actual” en base a criterios de calidad, y prácticamente mantiene la estructura programática de la LOGSE. El texto de la ley mantiene la división de centros de educación públicos, privados y privados concertados. Los centros de educación privados concertados son centros creados por iniciativa de la sociedad civil, pero sostenidos con fondos públicos, lo que sigue sin solventar la eterna polémica sobre la financiación de la enseñanza y su división entre pública y privada.

Esta ley encontró una fuerte contestación social, especialmente entre los sectores más conservadores, por el tratamiento que se daba a la enseñanza de la religión, asignatura que, junto con su alternativa laica, quedaba fuera de la evaluación en el expediente educativo. En definitiva, los centros debían ofertar la asignatura de religión, pero ésta sería de libre elección por los alumnos y no contaría para nada en la promoción de curso, las pruebas de acceso a la universidad ni la obtención de becas, exactamente lo contrario de lo que promulgaba la ley anterior.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria y evaluable se convirtió en caballo de batalla político, mucho más allá de los meros ámbitos educativos. Vinculada directamente a la figura del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero -que fue quien propuso su introducción en el proyecto de ley- fue denostada y ridiculizada por los sectores afines al PP por considerar que colocaba al Estado como elemento adoctrinador de la moral de los estudiantes.

Una de las quejas de la oposición era que la ley restaba libertad a los padres de los alumnos para poder elegir entre centros públicos y privados y que permitía la dispersión del plan educativo entre las diecisiete comunidades autónomas y su propia aplicación de la norma. Otro argumento crítico era que la ley suponía menor exigencia al alumnado, con la posibilidad de pasar de curso con materias suspendidas, equiparándola al peor concepto de la ESO.

Su impulsora fue la ministra María Jesús San Segundo, relevada de su departamento justo al día siguiente de que el Proyecto de Ley fuese aprobado en el Congreso de los Diputados con 181 votos a favor (PSOE, CiU, PNV, ERC, ICV, CC y EA), 133 en contra (PP) y 12 abstenciones (IU, BNG, ChA y NB). San Segundo fue sustituida al frente del Ministerio de Educación por Ángel Gabilondo, el único ministro que defendió y trató de impulsar un Pacto de Estado en Educación.

La feroz oposición a esta ley por parte del principal partido de la oposición y de colectivos sociales como padres de alumnos y amplios sectores de la enseñanza privada, anunciaba su defunción en cuanto se produjese un nuevo cambio de color político en el gobierno, algo que se produjo en el año 2013 con la implantación de la LOMCE del ministro José Ignacio Wert, que a su vez nació como una ley moribunda dado el rechazo generalizado que ha provocado su implantación (que, por cierto, se está produciendo con una lentitud y una resistencia más que notable por parte de administraciones autonómicas, profesores, padres y alumnos).

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La LOMCE, 2013

Dentro de la larga y procelosa batalla educativa, el último -por el momento- intento de reforma ha superado en polémica a todos los anteriores y ha destapado las esencias del desencuentro político educativo. La coincidencia con un grave período de recesión económica con fuertes recortes presupuestarios y el panorama de duro enfrentamiento político pusieron desde el primer momento en el ojo del huracán a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida popularmente, y sobre todo impopularmente, como Ley Wert, por el combativo y polémico ministro que la impulsó, Luis Ignacio Wert, que dejó el cargo dos años después de la aprobación de la ley, cuya aplicación quedó en manos de su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo.

La LOMCE fue aprobada en el Congreso el 28 de noviembre de 2013, con el único apoyo del Partido Popular y los votos en contra del resto de los grupos parlamentarios excepto Unión del Pueblo Navarro, que se abstuvo. La mayoría absoluta del partido del gobierno permitió la aprobación de la ley, pero auguraba una difícil puesta en marcha y un futuro limitado para un texto legal que el resto de los partidos prometieron derogar en cuanto llegasen al gobierno. Sindicatos de profesores, de estudiantes, organizaciones de padres de alumnos de la escuela pública e incluso, en ocasiones, de la privada y otros colectivos sociales mostraron su oposición y exigieron su retirada. Desde que se hizo público el primer texto del proyecto se sucedieron las huelgas, manifestaciones, comunicados, concentraciones y demás muestras de rechazo, espoleadas por las medidas de austeridad en las que tanto profesores como plataformas de defensa de la escuela pública veían un ataque frontal contra el derecho básico a la enseñanza pública y gratuita. La LOMCE recibió descalificativos tan contundentes como clasista, segregadora, retrógrada e involucionista, mientras sus defensores la han defendido como una indispensable herramienta de modernización de nuestra enseñanza.

Además de levantar una enorme polvareda política en torno al tratamiento de los idiomas cooficiales, especialmente el catalán, que para las administraciones educativas de las comunidades autónomas afectadas suponía un retroceso histórico al considerar dichos idiomas como asignaturas de especialización optativas en lugar de asignaturas troncales -algo que llevó al debate en torno a la ley por terrenos lejanos a lo estrictamente educativo-, la ley concitó rechazo en torno a numerosos aspectos que afectaban tanto a aspectos curriculares como ideológicos o administrativos. La oposición se centró sobre todo en aspectos como las pruebas de evaluación final para obtener el título de Graduado en ESO y el título de Bachiller, consideradas como una nueva reválida discriminatoria, el regreso al expediente académico de la asignatura de religión, la práctica desaparición de asignaturas como la filosofía o el papel de comparsa al que se relegaba a otras como la música, los conciertos con los colegios que separan por sexos, la ampliación de las competencias del director en detrimento del Consejo Escolar o la nueva distribución de la oferta de plazas entre la enseñanza pública y la privada concertada, que suponía de hecho acabar el compromiso del Estado de garantizar una plaza en un centro público en los niveles básicos de enseñanza.

Dos años después de su aprobación, la aplicación de la ley en los centros escolares fue renqueante, incompleta y agónica. Doce comunidades no gobernadas por el PP -Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Cataluña, Extremadura, Baleares, Valencia, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla la Mancha- se declararon contrarias a la LOMCE desde un primer momento, optando en algunos casos por una sorda insumisión que llevó a aplicar la ley solo parcialmente y con adaptaciones, como en el caso de Aragón al recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía o reducir las clases de religión y aumentar las de inglés, muy similar a lo que hicieron los gobiernos de Cantabria, Canarias o Andalucía. Cataluña también hizo una adaptación de la norma con cambios en el currículo, añadidos de asignaturas como música o educación plástica, además de pretender evitar la separación de materias entre bachillerato y formación profesional. En una línea similar se movió el País Vasco, donde entre otras cosas también se recuperó la educación para la ciudadanía en detrimento de horas de religión, que en Asturias fueron llevadas a la mínima expresión.

Más allá de las bondades y miserias de esta reforma educativa, todo hacía prever que no perdurase más allá de un par de legislaturas una ley sobre la que pendía la espada de Damocles del compromiso firmado en su día por varias formaciones políticas: PSOE, CiU, La Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA), Amaiur, PNV, ERC, BNG, CC, Coalició Compromís y GBAI, de derogarla si alguna de ellas accedía al gobierno, cosa que sucedió a finales de 2019 con la formación del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Quizá la aportación más importante de este texto, que nació prácticamente muerto por falta de diálogo y consenso, fue precisamente la de agitar el debate educativo y dejar patente la urgencia de un pacto de Estado en Educación, algo que es de temer que se repita con la LOMLOE.

Eduardo Castellón Mallor

Sincronía, una sola Humanidad. Por un Pacto de Estado en Educación.

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