DOCUMENTOS BESINCRO Las leyes educativas españolas (3) De la LOPEG a la LOCE (1995 – 2002)

Aprender2019Tercer capítulo del resumen especial sobre la historia de las leyes educativas en España, que comenzamos a publicar con motivo del inicio de los trámites parlamentarios de la LOMLOE, la octava reforma en  democracia. En esta ocasión analizamos la LOPEG, una ley de debate enconado y duración efímera, y la LOCE, la primera ley educativa del Partido Popular.

La LOPEG, 1995

La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, conocida también como ‘Ley Pertierra’, es fundamentalmente una ley sobre gestión y gobierno de las instituciones escolares, que viene a reformar en casi su totalidad la LODE de 1985 en lo que respecta a la evaluación, la participación y el gobierno de centros docentes. Al igual que su predecesora, no incide directamente en programas de estudios, cambios de asignaturas o de sistemas de evaluación.

Fue aprobada en el Congreso el 8 de Noviembre con 178 votos favorables (los de PSOE, CiU y PNV), 154 en contra (los de PP, IU y CC), y una abstención. El ministro de Educación era Jerónimo Saavedra y su publicación en el BOE tuvo lugar dos días después del significativo avance del PP en las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña, donde obtuvo 17 escaños. Con un Partido Popular en pleno ascenso, que culminaría cuatro meses después con la llegada al poder de José María Aznar, la tramitación de la ley fue áspera y bronca, lo que ya anunciaba su defunción en breve plazo.

Entre sus detractores se encontraban todos los sindicatos de profesores de enseñanza pública, que la acusaban de jerarquizante por supeditar excesivamente la elección de los directores de los centros docentes al criterio de la Administración. Y eso a pesar de que en el articulado se mantiene que “Se da más autonomía a los centros docentes y se refuerza su competencia en referencia a su organización, gestión de recursos y de autonomía pedagógica. Se fomenta la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros educativos y en la definición del Proyecto Educativo”. Tampoco contó con el respaldo abierto de las asociaciones de padres y madres de alumnos y una de las más importantes, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, con influencia e implantación fundamental en los centros de enseñanza pública, que inicialmente había prestado su apoyo al proyecto, acabó mostrándose abiertamente disconforme con él, en contradicción también con las intenciones teóricas del texto legal que mantiene que “Optimiza y refuerza los funcionamientos de los consejos escolares, los claustros de profesores, asociaciones de padres y madres y su representatividad en el consejo escolar, y también la representación de los alumnos en el consejo escolar”. Al final del trámite parlamentario, el portavoz del PP -el principal partido de la oposición- anunciaba ya que cuando su partido tuviese responsabilidades de gobierno revisarían a fondo la ley de educación.

A pesar de su bajo perfil en cuestiones pedagógicas, la ley introduce algunas novedades concretas, como la garantía de la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes con fondos públicos, y promueve la organización de cursos para la formación del profesorado. Para sus defensores, la LOPEG favorecía un tratamiento más abierto a la autonomía de los centros, estableciendo que cada centro podría tener su proyecto educativo, su proyecto curricular y sus normas de funcionamiento. Además reforzaba las funciones de los consejos escolares, con la elección del director, una mayor autonomía en la organización y gestión del centro y en la elaboración del PEC donde se fijarán los objetivos, las prioridades y los procedimiento de actuación, siguiendo las directrices del consejo escolar. De acuerdo con el principio de mayor autonomía que implicaba una mayor rendición de cuentas, introdujo también el concepto de evaluación de centros y del sistema educativo. Fue, también, la primera en establecer la evaluación del profesorado con repercusiones en su promoción profesional. Y finalmente, por lo que respecta a la distribución de competencias, la LOPEG creó el Instituto Nacional de Calidad Educativa que se encargaba de la evaluación general del sistema educativo.

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La LOCE, 2002

La LOCE es quizá el mejor ejemplo de la fragilidad de nuestros proyectos educativos y su subordinación a los vaivenes políticos. Promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar, siendo ministra Pilar del Castillo, pretendía -como todas sus predecesoras herederas- reformar y mejorar la educación en España, pero ni siquiera llegó a aplicarse.

Es la primera ley educativa del Partido Popular (habían pasado seis años desde su llegada al poder) y llega como si quisiese pasar desapercibida, en plenas fiestas navideñas e informativamente silenciada por el chapapote de Prestige, el petrolero que se había hundido un mes antes en las costas de la Coruña, creando una marea de solidaridad para limpiar las costras tan grande como la ola de indignación que recorrió el país por la gestión gubernamental de la catástrofe ecológica. En el terreno educativo, el gobierno había tenido que enfrentarse un año antes a una fuerte contestación callejera por su decisión de sustituir la Ley de Reforma Universitaria (LRU) por la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU). Para el ejecutivo y la ministra del ramo, Pilar del Castillo, significaba un importante avance en “la evaluación del sistema universitario que permita a los estudiantes y a los padres conocer cuál es la calidad de los centros y cuál es el rendimiento de un servicio público que se financia con el dinero de los ciudadanos”. Pero los universitarios consideraban que la ley era un ataque directo a la enseñanza pública y que suponía un endurecimiento del acceso de los jóvenes a la enseñanza superior. El 1 de diciembre se produjo una gran concentración en Madrid, punto culminante de estas movilizaciones. La protesta, aunque sólo afectaba a la comunidad universitaria, acabó ampliándose a la enseñanza secundaria y amplió su rechazo a la Ley de Calidad ni Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza.

El clima de enfrentamiento político hizo que su tramitación fuera un proceso largo y difícil, nueve meses en los que la práctica totalidad de la oposición no logró incluir ni una sola enmienda al texto, que finalmente sólo respaldaron el Partido Popular y Coalición canaria. La LOCE recuperaba la total validez académica para la asignatura de religión, que había desaparecido en la ley anterior, lo que supuso la oposición de los defensores de la escuela pública y laica. Otra de sus medidas más controvertidas era la implantación de itinerarios desde la ESO y una Prueba General de Bachillerato para obtener el título de este nivel educativo.

Ni los sindicatos mayoritarios ni la entidad que representa a los padres y madres laicos, la CEAPA, apoyaron esta ley que socialmente contó exclusivamente con el apoyo de la patronal de la enseñanza privada y la entidad que representa a los padre y madres de colegios católicos, la CONCAPA. Mientras para los primeros una reforma educativa sin consejos, ni diálogo y con muy pocos apoyos sólo contribuirá a que su aplicación sea estéril en muchas escuelas, para los segundos sienta las bases para mejorar el sistema educativo, aunque necesita un buen desarrollo reglamentario y consideran especialmente que la gratuidad de la educación infantil en todos los centros concertados favorece la libre elección de enseñanza.

El día de su proclamación en el BOE, el diario ABC destacaba una reveladora e ilustrativa carta al director de un pedagogo de Lérida, Miquel Navarro i Oriach, autor del libro “Reflexiones de/para un director: Lo cotidiano en un centro educativo”, en la que comenzaba afirmando: “Dado el revuelo social que ocasionan las reformas educativas, sería de aconsejar a los respectivos gobiernos que optaran por introducir los cambios poco a poco, para que fueran de mejor asimilación”. Además afirmaba que en su día celebró la llegada de la LOGSE, aunque reconocía que “Al cabo de estos doce años, protestamos por esta nueva ley, llamada de calidad, porque recorta los avances de la anterior, en lugar de reconocer que, en gran medida, vuelve a poner algunas cosas en su sitio porque eran tan idílicas y caras que no hemos sabido ni podido materializarlas”. Tras analizar los fracasos en la aplicación de la LOGSE, Navarro acababa afirmando: “En definitiva, ¡realismo!, que si no hay más, es mejor comer poco, pero digerir bien”. Ni la sensatez de este docente tuvo su contrapartida en la administración (y así seguimos a día de hoy) ni sus augurios sobre la nueva ley pudieron comprobarse, dada su efímera existencia. Tras la llegada al poder del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, se paralizó el calendario de aplicación de la nueva ley por medio de un Real Decreto, por lo que la norma nunca llegó a aplicarse y se recuperó la ley anterior, la LOPEG.

Eduardo Castellón Mallor

Sincronía, una sola Humanidad. Por un Pacto de Estado en Educación.

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