Consejos para sobrellevar (y estudiar) el confinamiento con niños (3)

1Siguiendo con nuestra busqueda de programas en la red para hacer más fácil la convivencia familiar durante el confinamiento y además tratar de provechar en la mayor medida posible el tiempo libre y hacer que los niños sigan con su desarrollo educativo, hoy facilitamos el acceso al Proyecto EDIA, del Ministerio de Educación, que ofrece contenidos educativos para Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Sincronía, una sola Humanidad

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DOCUMENTOS BESINCRO Las leyes educativas españolas (4) De la LOE, a la LOMCE (2006 – 2013)

imagen_15097Cuarto y último capítulo del resumen especial sobre la historia de las leyes educativas en España, que comenzamos a publicar con motivo del inicio de los trámites parlamentarios de la LOMLOE, la octava reforma en democracia. Hoy es el turno de la LOE, una refundición y adaptación de las principales leyes educativas de los gobiernos socialistas, y de la LOMCE, probablemente la reforma más polémica de nuestro sistema educativo con la que el Partido Popular pretendió dar un giro absoluto a las reformas socialistas y que acabó sin implementarse totalmente en medio de un ambiente de inestabilidad política que propició la moción de censura que en 2018 llevó a la caída del gobierno de Mariano Rajoy.

La LOE, 2006

Con esta ley el nuevo gobierno socialista desmantelaba los preceptos de la momificada LOCE, que llevaba cuatro años olvidada en los vericuetos administrativos del Ministerio de Educación. Por entonces, la situación de la educación española distaba de ser buena, tal y como refleja un informe de la UNESCO, que la coloca en el puesto veintiséis en cuanto a desarrollo educativo, por debajo de los mayoría de los países de la Unión Europea.

La Ley Orgánica de Educación podría ser fácilmente considerada como una refundición de diversos aspectos de leyes anteriores como la LOGSE, la LOPEG y la LOCE. Su objetivo teórico es adecuar la educación no universitaria “a la situación actual” en base a criterios de calidad, y prácticamente mantiene la estructura programática de la LOGSE. El texto de la ley mantiene la división de centros de educación públicos, privados y privados concertados. Los centros de educación privados concertados son centros creados por iniciativa de la sociedad civil, pero sostenidos con fondos públicos, lo que sigue sin solventar la eterna polémica sobre la financiación de la enseñanza y su división entre pública y privada.

Esta ley encontró una fuerte contestación social, especialmente entre los sectores más conservadores, por el tratamiento que se daba a la enseñanza de la religión, asignatura que, junto con su alternativa laica, quedaba fuera de la evaluación en el expediente educativo. En definitiva, los centros debían ofertar la asignatura de religión, pero ésta sería de libre elección por los alumnos y no contaría para nada en la promoción de curso, las pruebas de acceso a la universidad ni la obtención de becas, exactamente lo contrario de lo que promulgaba la ley anterior.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria y evaluable se convirtió en caballo de batalla político, mucho más allá de los meros ámbitos educativos. Vinculada directamente a la figura del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero -que fue quien propuso su introducción en el proyecto de ley- fue denostada y ridiculizada por los sectores afines al PP por considerar que colocaba al Estado como elemento adoctrinador de la moral de los estudiantes.

Una de las quejas de la oposición era que la ley restaba libertad a los padres de los alumnos para poder elegir entre centros públicos y privados y que permitía la dispersión del plan educativo entre las diecisiete comunidades autónomas y su propia aplicación de la norma. Otro argumento crítico era que la ley suponía menor exigencia al alumnado, con la posibilidad de pasar de curso con materias suspendidas, equiparándola al peor concepto de la ESO.

Su impulsora fue la ministra María Jesús San Segundo, relevada de su departamento justo al día siguiente de que el Proyecto de Ley fuese aprobado en el Congreso de los Diputados con 181 votos a favor (PSOE, CiU, PNV, ERC, ICV, CC y EA), 133 en contra (PP) y 12 abstenciones (IU, BNG, ChA y NB). San Segundo fue sustituida al frente del Ministerio de Educación por Ángel Gabilondo, el único ministro que defendió y trató de impulsar un Pacto de Estado en Educación.

La feroz oposición a esta ley por parte del principal partido de la oposición y de colectivos sociales como padres de alumnos y amplios sectores de la enseñanza privada, anunciaba su defunción en cuanto se produjese un nuevo cambio de color político en el gobierno, algo que se produjo en el año 2013 con la implantación de la LOMCE del ministro José Ignacio Wert, que a su vez nació como una ley moribunda dado el rechazo generalizado que ha provocado su implantación (que, por cierto, se está produciendo con una lentitud y una resistencia más que notable por parte de administraciones autonómicas, profesores, padres y alumnos).

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La LOMCE, 2013

Dentro de la larga y procelosa batalla educativa, el último -por el momento- intento de reforma ha superado en polémica a todos los anteriores y ha destapado las esencias del desencuentro político educativo. La coincidencia con un grave período de recesión económica con fuertes recortes presupuestarios y el panorama de duro enfrentamiento político pusieron desde el primer momento en el ojo del huracán a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida popularmente, y sobre todo impopularmente, como Ley Wert, por el combativo y polémico ministro que la impulsó, Luis Ignacio Wert, que dejó el cargo dos años después de la aprobación de la ley, cuya aplicación quedó en manos de su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo.

La LOMCE fue aprobada en el Congreso el 28 de noviembre de 2013, con el único apoyo del Partido Popular y los votos en contra del resto de los grupos parlamentarios excepto Unión del Pueblo Navarro, que se abstuvo. La mayoría absoluta del partido del gobierno permitió la aprobación de la ley, pero auguraba una difícil puesta en marcha y un futuro limitado para un texto legal que el resto de los partidos prometieron derogar en cuanto llegasen al gobierno. Sindicatos de profesores, de estudiantes, organizaciones de padres de alumnos de la escuela pública e incluso, en ocasiones, de la privada y otros colectivos sociales mostraron su oposición y exigieron su retirada. Desde que se hizo público el primer texto del proyecto se sucedieron las huelgas, manifestaciones, comunicados, concentraciones y demás muestras de rechazo, espoleadas por las medidas de austeridad en las que tanto profesores como plataformas de defensa de la escuela pública veían un ataque frontal contra el derecho básico a la enseñanza pública y gratuita. La LOMCE recibió descalificativos tan contundentes como clasista, segregadora, retrógrada e involucionista, mientras sus defensores la han defendido como una indispensable herramienta de modernización de nuestra enseñanza.

Además de levantar una enorme polvareda política en torno al tratamiento de los idiomas cooficiales, especialmente el catalán, que para las administraciones educativas de las comunidades autónomas afectadas suponía un retroceso histórico al considerar dichos idiomas como asignaturas de especialización optativas en lugar de asignaturas troncales -algo que llevó al debate en torno a la ley por terrenos lejanos a lo estrictamente educativo-, la ley concitó rechazo en torno a numerosos aspectos que afectaban tanto a aspectos curriculares como ideológicos o administrativos. La oposición se centró sobre todo en aspectos como las pruebas de evaluación final para obtener el título de Graduado en ESO y el título de Bachiller, consideradas como una nueva reválida discriminatoria, el regreso al expediente académico de la asignatura de religión, la práctica desaparición de asignaturas como la filosofía o el papel de comparsa al que se relegaba a otras como la música, los conciertos con los colegios que separan por sexos, la ampliación de las competencias del director en detrimento del Consejo Escolar o la nueva distribución de la oferta de plazas entre la enseñanza pública y la privada concertada, que suponía de hecho acabar el compromiso del Estado de garantizar una plaza en un centro público en los niveles básicos de enseñanza.

Dos años después de su aprobación, la aplicación de la ley en los centros escolares fue renqueante, incompleta y agónica. Doce comunidades no gobernadas por el PP -Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Cataluña, Extremadura, Baleares, Valencia, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla la Mancha- se declararon contrarias a la LOMCE desde un primer momento, optando en algunos casos por una sorda insumisión que llevó a aplicar la ley solo parcialmente y con adaptaciones, como en el caso de Aragón al recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía o reducir las clases de religión y aumentar las de inglés, muy similar a lo que hicieron los gobiernos de Cantabria, Canarias o Andalucía. Cataluña también hizo una adaptación de la norma con cambios en el currículo, añadidos de asignaturas como música o educación plástica, además de pretender evitar la separación de materias entre bachillerato y formación profesional. En una línea similar se movió el País Vasco, donde entre otras cosas también se recuperó la educación para la ciudadanía en detrimento de horas de religión, que en Asturias fueron llevadas a la mínima expresión.

Más allá de las bondades y miserias de esta reforma educativa, todo hacía prever que no perdurase más allá de un par de legislaturas una ley sobre la que pendía la espada de Damocles del compromiso firmado en su día por varias formaciones políticas: PSOE, CiU, La Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA), Amaiur, PNV, ERC, BNG, CC, Coalició Compromís y GBAI, de derogarla si alguna de ellas accedía al gobierno, cosa que sucedió a finales de 2019 con la formación del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Quizá la aportación más importante de este texto, que nació prácticamente muerto por falta de diálogo y consenso, fue precisamente la de agitar el debate educativo y dejar patente la urgencia de un pacto de Estado en Educación, algo que es de temer que se repita con la LOMLOE.

Eduardo Castellón Mallor

Sincronía, una sola Humanidad. Por un Pacto de Estado en Educación.

Consejos para sobrellevar (y aprovechar) el confinamiento con niños (2)

mother-son-homework-350Seguimos proporcionando pistas y enlaces donde se facilitan métodos para tratar de paliar el estrés familiar que produce el confinamiento en familias con niños en edad escolar. Hoy toca el turno a una serie de guías de ayuda para que los niños, al tiempo que se entretienen, puedan seguir avanzando en su práctica educativa.

 

Sincronía, una sola Humanidad. Un abrazo y mucha suerte a todos.

https://www.educaciontrespuntocero.com/familias/consejos-favorecer-estudio-en-casa/?fbclid=IwAR2K4BhXkep7gZdSiBpbMyQSMzRwWAhf1GAD0hjwBszOO1rb_Wsc9mxwUkY

Consejos para sobrellevar el confinamiento con niños (1)

Los niños son inquietos por naturaleza y estar encerrados en casa pone aprueba la paciencia y la capacidad creativa de su familia. Desde Sincronía, una sola Humanidad queremos colaborar para hacer más llevadero el confinamiento, así que a partir de hoy vamos a ir recopliando inciativas con ideas para ayudar a pasar de la mejor forma posible esta difícil temporada.

Mucho ánimo y mucha suerte a todos.

Aquí os dejamos un enlace a 50 juegos muy económicos y divertidos para disfrutar con los pequeños de la casa

ttps://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/?fbclid=IwAR3HtqIXk-Nxe4ntSkdwAwT-2dLYeKp9Wov7Rl1nXANeY230xInO44KquFM

 

DOCUMENTOS BESINCRO Las leyes educativas españolas (3) De la LOPEG a la LOCE (1995 – 2002)

Aprender2019Tercer capítulo del resumen especial sobre la historia de las leyes educativas en España, que comenzamos a publicar con motivo del inicio de los trámites parlamentarios de la LOMLOE, la octava reforma en  democracia. En esta ocasión analizamos la LOPEG, una ley de debate enconado y duración efímera, y la LOCE, la primera ley educativa del Partido Popular.

La LOPEG, 1995

La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, conocida también como ‘Ley Pertierra’, es fundamentalmente una ley sobre gestión y gobierno de las instituciones escolares, que viene a reformar en casi su totalidad la LODE de 1985 en lo que respecta a la evaluación, la participación y el gobierno de centros docentes. Al igual que su predecesora, no incide directamente en programas de estudios, cambios de asignaturas o de sistemas de evaluación.

Fue aprobada en el Congreso el 8 de Noviembre con 178 votos favorables (los de PSOE, CiU y PNV), 154 en contra (los de PP, IU y CC), y una abstención. El ministro de Educación era Jerónimo Saavedra y su publicación en el BOE tuvo lugar dos días después del significativo avance del PP en las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña, donde obtuvo 17 escaños. Con un Partido Popular en pleno ascenso, que culminaría cuatro meses después con la llegada al poder de José María Aznar, la tramitación de la ley fue áspera y bronca, lo que ya anunciaba su defunción en breve plazo.

Entre sus detractores se encontraban todos los sindicatos de profesores de enseñanza pública, que la acusaban de jerarquizante por supeditar excesivamente la elección de los directores de los centros docentes al criterio de la Administración. Y eso a pesar de que en el articulado se mantiene que “Se da más autonomía a los centros docentes y se refuerza su competencia en referencia a su organización, gestión de recursos y de autonomía pedagógica. Se fomenta la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros educativos y en la definición del Proyecto Educativo”. Tampoco contó con el respaldo abierto de las asociaciones de padres y madres de alumnos y una de las más importantes, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, con influencia e implantación fundamental en los centros de enseñanza pública, que inicialmente había prestado su apoyo al proyecto, acabó mostrándose abiertamente disconforme con él, en contradicción también con las intenciones teóricas del texto legal que mantiene que “Optimiza y refuerza los funcionamientos de los consejos escolares, los claustros de profesores, asociaciones de padres y madres y su representatividad en el consejo escolar, y también la representación de los alumnos en el consejo escolar”. Al final del trámite parlamentario, el portavoz del PP -el principal partido de la oposición- anunciaba ya que cuando su partido tuviese responsabilidades de gobierno revisarían a fondo la ley de educación.

A pesar de su bajo perfil en cuestiones pedagógicas, la ley introduce algunas novedades concretas, como la garantía de la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes con fondos públicos, y promueve la organización de cursos para la formación del profesorado. Para sus defensores, la LOPEG favorecía un tratamiento más abierto a la autonomía de los centros, estableciendo que cada centro podría tener su proyecto educativo, su proyecto curricular y sus normas de funcionamiento. Además reforzaba las funciones de los consejos escolares, con la elección del director, una mayor autonomía en la organización y gestión del centro y en la elaboración del PEC donde se fijarán los objetivos, las prioridades y los procedimiento de actuación, siguiendo las directrices del consejo escolar. De acuerdo con el principio de mayor autonomía que implicaba una mayor rendición de cuentas, introdujo también el concepto de evaluación de centros y del sistema educativo. Fue, también, la primera en establecer la evaluación del profesorado con repercusiones en su promoción profesional. Y finalmente, por lo que respecta a la distribución de competencias, la LOPEG creó el Instituto Nacional de Calidad Educativa que se encargaba de la evaluación general del sistema educativo.

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La LOCE, 2002

La LOCE es quizá el mejor ejemplo de la fragilidad de nuestros proyectos educativos y su subordinación a los vaivenes políticos. Promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar, siendo ministra Pilar del Castillo, pretendía -como todas sus predecesoras herederas- reformar y mejorar la educación en España, pero ni siquiera llegó a aplicarse.

Es la primera ley educativa del Partido Popular (habían pasado seis años desde su llegada al poder) y llega como si quisiese pasar desapercibida, en plenas fiestas navideñas e informativamente silenciada por el chapapote de Prestige, el petrolero que se había hundido un mes antes en las costas de la Coruña, creando una marea de solidaridad para limpiar las costras tan grande como la ola de indignación que recorrió el país por la gestión gubernamental de la catástrofe ecológica. En el terreno educativo, el gobierno había tenido que enfrentarse un año antes a una fuerte contestación callejera por su decisión de sustituir la Ley de Reforma Universitaria (LRU) por la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU). Para el ejecutivo y la ministra del ramo, Pilar del Castillo, significaba un importante avance en “la evaluación del sistema universitario que permita a los estudiantes y a los padres conocer cuál es la calidad de los centros y cuál es el rendimiento de un servicio público que se financia con el dinero de los ciudadanos”. Pero los universitarios consideraban que la ley era un ataque directo a la enseñanza pública y que suponía un endurecimiento del acceso de los jóvenes a la enseñanza superior. El 1 de diciembre se produjo una gran concentración en Madrid, punto culminante de estas movilizaciones. La protesta, aunque sólo afectaba a la comunidad universitaria, acabó ampliándose a la enseñanza secundaria y amplió su rechazo a la Ley de Calidad ni Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza.

El clima de enfrentamiento político hizo que su tramitación fuera un proceso largo y difícil, nueve meses en los que la práctica totalidad de la oposición no logró incluir ni una sola enmienda al texto, que finalmente sólo respaldaron el Partido Popular y Coalición canaria. La LOCE recuperaba la total validez académica para la asignatura de religión, que había desaparecido en la ley anterior, lo que supuso la oposición de los defensores de la escuela pública y laica. Otra de sus medidas más controvertidas era la implantación de itinerarios desde la ESO y una Prueba General de Bachillerato para obtener el título de este nivel educativo.

Ni los sindicatos mayoritarios ni la entidad que representa a los padres y madres laicos, la CEAPA, apoyaron esta ley que socialmente contó exclusivamente con el apoyo de la patronal de la enseñanza privada y la entidad que representa a los padre y madres de colegios católicos, la CONCAPA. Mientras para los primeros una reforma educativa sin consejos, ni diálogo y con muy pocos apoyos sólo contribuirá a que su aplicación sea estéril en muchas escuelas, para los segundos sienta las bases para mejorar el sistema educativo, aunque necesita un buen desarrollo reglamentario y consideran especialmente que la gratuidad de la educación infantil en todos los centros concertados favorece la libre elección de enseñanza.

El día de su proclamación en el BOE, el diario ABC destacaba una reveladora e ilustrativa carta al director de un pedagogo de Lérida, Miquel Navarro i Oriach, autor del libro “Reflexiones de/para un director: Lo cotidiano en un centro educativo”, en la que comenzaba afirmando: “Dado el revuelo social que ocasionan las reformas educativas, sería de aconsejar a los respectivos gobiernos que optaran por introducir los cambios poco a poco, para que fueran de mejor asimilación”. Además afirmaba que en su día celebró la llegada de la LOGSE, aunque reconocía que “Al cabo de estos doce años, protestamos por esta nueva ley, llamada de calidad, porque recorta los avances de la anterior, en lugar de reconocer que, en gran medida, vuelve a poner algunas cosas en su sitio porque eran tan idílicas y caras que no hemos sabido ni podido materializarlas”. Tras analizar los fracasos en la aplicación de la LOGSE, Navarro acababa afirmando: “En definitiva, ¡realismo!, que si no hay más, es mejor comer poco, pero digerir bien”. Ni la sensatez de este docente tuvo su contrapartida en la administración (y así seguimos a día de hoy) ni sus augurios sobre la nueva ley pudieron comprobarse, dada su efímera existencia. Tras la llegada al poder del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, se paralizó el calendario de aplicación de la nueva ley por medio de un Real Decreto, por lo que la norma nunca llegó a aplicarse y se recuperó la ley anterior, la LOPEG.

Eduardo Castellón Mallor

Sincronía, una sola Humanidad. Por un Pacto de Estado en Educación.

DOCUMENTOS BESINCRO Las leyes educativas españolas (2) De la LODE a la LOGSE (1985 – 1990)

Cole 1En el segundo capítulo del resumen especial sobre la historia de las leyes educativas en España, elaborado con motivo de los trámites parlamentarios para la tramitación de la LOMLOE, la octava reforma desde la recuperación de la democracia, hoy analizamos la LODE, cuyo resultado más notorio fue la implantación de la enseñanza concertada, y la LOGSE, la ley más polémica y controvertida de nuestra historia pedagógica. 

La LODE, 1985

El partido socialista había llegado al poder tres años antes con un amplío respaldo electoral que le permitía lanzarse a realizar cambios sociales de gran trascendencia. Pero la primera ley de educación del PSOE no supuso cambio alguno en el programa educativo ni en la estructura del sistema, sino que incidió especialmente en los aspectos de funcionamiento de las instituciones educativas, regulando la dualidad de centros docentes, la participación de la comunidad educativa en la enseñanza y el derecho a la educación mediante la libertad de cátedra y conciencia y el derecho a la no discriminación. Su medida de mayor repercusión y trascendencia fue la incorporación del sistema de colegios concertados.

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación es publicada en el BOE el 4 de julio de 1985, una jornada en la que los titulares de la prensa vienen marcados por las pugnas dentro del gobierno entre los sectores encabezados por Alfonso Guerra y Miguel Boyer, durante una remodelación del gobierno que no incluía a José María Maravall, titular de la cartera de Educación entre 1982 y 1988. Son tiempos muy difíciles para la sociedad española, pero también años de ilusión y esperanza. En el año de nacimiento de la LODE, España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea mientras ETA mantiene una escalada de atentados que produce treinta y siete víctimas mortales y una campaña contra los intereses turísticos en las costas mediterráneas. A esta estrategia del terror se suma el GAL, con al menos dieciséis atentados y once asesinatos. Mientras gobierno y oposición discuten por las acusaciones de manipulación en la TVE de José María Calviño (otra polémica clásica de nuestra democracia), las principales inquietudes y desasosiegos en la calle vienen dados por el paro y la inseguridad ciudadana, que alcanza por aquellos tiempos cotas de tal alarma social que tiene su reflejo en el cine con películas como Yo, el Vaquilla, protagonizada por el entonces célebre delincuente homónimo, e incluso en anuncios como del Opel Corsa, que regalaba al comprar el coche “un autoradio-cassette con seguro de robo”.

En este clima social se fraguó la tramitación de la LODE. A pesar de que la Educación no figuraba entonces entre las principales preocupaciones de los españoles, el proyecto de Ley tuvo que superar polémicos debates políticos y un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sus detractores dijeron que discriminaba a la enseñanza privada, que suponía un enfrentamiento innecesario con la Iglesia, que daba un excesivo poder a las instituciones públicas, era dogmática y se inmiscuía en un ámbito tradicionalmente reservado a los padres y que sobrecargaba el presupuesto nacional en aquellos tiempos de grave crisis económica. Sus defensores argumentaron que hacía efectivo el derecho a la educación, que sentaba las bases de la libertad de cátedra y la elección de centros y que por fin garantizaba la plena participación de padres, profesores y alumnos a través de los consejos escolares y las asociaciones de padres.

En realidad este proyecto no modificaba el sistema educativo y prácticamente se limitaba a crear nuevos organismos, como el consejo escolar y las asociaciones de padres de alumnos, y establece la elección del director del centro por parte de la comunidad escolar. Se pretendía marcar una dirección democrática, frente a la anterior, considerada mucho más tecnocrática. La LODE convertía al Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares Autonómicos en el marco principal para la participación institucional de los agentes educativos y los Consejos de los Centros Escolares se hacían cargo a partir de entonces tanto de la elección del director del centro, como del régimen interno disciplinario y las actividades extraescolares. E incluso, y este es uno de los puntos de mayor relevancia para el funcionamientos de los colegios e institutos, les hacía responsables de la gestión y aprobación de sus propios presupuestos.

Sin embargo, muchas de estas atribuciones acabaron significando en realidad un incremento de las tareas burocráticas del profesorado sin que ello supusiese un aumento de los incentivos profesionales, lo que se tradujo en menos implicación de la prevista por parte de los docentes. A la hora de la verdad, más de la mitad de los directores siguieron siendo nombrados directamente por las autoridades políticas y administrativas.

La LODE propició algunas de las manifestaciones estudiantiles más sonadas de la historia reciente de nuestro país, especialmente las de enero de 1987, en las que se produjeron disturbios que han quedado impresos en la memoria colectiva por la imagen reiterada por los medios de Jon Manteca Cabañes, más conocido como el Cojo Manteca, destrozando mobiliario urbano. El descontento alcanzó sus mayores niveles en la primavera de 1988, cuando el mundo educativo se vio sacudido por una huelga de un mes en los centros públicos de enseñanza media, en la que los profesores solicitaban la dimisión del ministro Maravall y mejoras salariales y de pensiones. La presión pudo con el ministro, que acabó dimitiendo de su cargo y siendo sustituido por Javier Solana, que ejerció el cargo hasta junio de 1992.

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La LOGSE, 1990

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo tiene el dudoso honor de ser, junto con la LOMCE, la ley más polémica y controvertida de nuestra historia pedagógica. Fue calificada por sus impulsores de ley revolucionaria y realmente lo fue, tanto en la profundidad de los cambios introducidos en el sistema educativo como en las polémicas consecuencias que generó a medio y largo plazo. Aunque comenzó con grandes expectativas por parte del profesorado, acabó cayendo en el más profundo desprestigio como una norma de buenas intenciones y nefasta aplicación, en la que el rendimiento de los alumnos cayó drásticamente.

En esencia, la LOGSE amplió la edad de escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años, introdujo la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato de dos años, reguló la educación especial y permitió que las comunidades autónomas no sólo gestionaran los centros educativos, sino que pudieran redactar un porcentaje muy importante de los contenidos curriculares. Para sus impulsores, sus mayores logros eran el establecimiento definitivo de la educación obligatoria y gratuita para todos los niños, independientemente de sus capacidades, la rebaja en el contenido de las asignaturas y la flexibilización en el paso de curso, la reducción del tiempo de los estudios de bachillerato y la creación de dos niveles de formación profesional. Su filosofía pedagógica estaba basada en el constructivismo, que en líneas muy básicas podríamos decir que es aquel en el que los niños aprenden según su propia iniciativa y el profesor debe ser el instrumento que les ayuda a descubrir las cosas y adquirir conocimientos sobre las mismas.

Fue aprobada el 3 de octubre y publicada en el BOE al día siguiente, casi un año después de que el PSOE ganase por tercera vez consecutiva las elecciones generales. La hegemonía socialista al frente del gobierno apuraba sus días más exitosos y el país afrontaba una época de cierta tranquilidad y bonanza económica apoyada en la reducción de los precios del petróleo y el crecimiento de la construcción. Es la época en la que comienzan a emitir las televisiones privadas, justo a tiempo para poder informar de la Operación Nécora, la primera gran redada contra el narcotráfico en la que son detenidos mafiosos y personajes de la jet set, la matanza de Puerto Hurraco, la detención de Rosendo Naseiro, tesorero del PP, o el Mundial de Fútbol de Italia, donde la selección española que lideraba Emilio Butragueño fue eliminada en octavos de final por la eterna rival, Yugoslavia… España es un país con un pie en el siglo XXI y otro en sus problemas y taras ancestrales. Los preparativos de los fastos del 92 (Olimpiadas de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla y capitalidad cultural europea de Madrid) tratan de impulsar internacionalmente una nueva imagen de nuestro país.

Al principio, la ley fue recibida con cierto alborozo por un amplio sector del profesorado que veía en ella una plasmación de los postulados pedagógicos más modernos. Suponía la puesta en marcha de un sistema educativo basado en una gestión democrática de los centros y era la primera en establecer un sistema de enseñanza verdaderamente descentralizado, que permitía a las Comunidades Autónomas no sólo gestionar los centros educativos, sino redactar un porcentaje muy importante de los contenidos educativos. El objetivo era incorporarse a postulados europeos y asumir un modelo más acorde a los nuevos cambios tecnológicos surgidos en educación. Pero la aplicación de los postulados más polémicos de la ley, como la flexibilización del paso al curso superior -que en la práctica eliminaba la posibilidad de que el alumno repitiese curso- y la dificultad del entramado de elección asignaturas propuestas para la ESO, se convirtieron pronto en escollos insalvables y motivo de grandes decepciones para todos los sectores implicados.

Sin duda la parte más polémica, sobre todo a largo plazo, de la LOGSE fue la implantación de la ESO. La Educación Secundaria Obligatoria se extendía a lo largo de cuatro años después de la etapa de Educación Primaria y el alumnado comenzaba esa etapa a los doce años y la finalizaba a los dieciséis. Se estructuraba en dos ciclos: uno que incluía el primer, segundo y tercer curso, y otro de un sólo curso: el cuarto. El primer ciclo consistía en siete materias comunes (lengua y literatura castellana y de las respectivas comunidades autónomas, lengua extranjera, matemáticas, ciencias sociales, educación física y ciencias de la naturaleza), cuatro materias comunes al menos durante un curso (educación plástica y visual, tecnología, música y educación para la ciudadanía y los derechos humanos), dos asignaturas de libre elección (religión y atención educativa) y otras dos optativas (cultura clásica y segunda lengua extranjera).

El segundo ciclo consistía en siete materias comunes (básicamente las mismas que para el primer ciclo), otras tres optativas (un amplio abanico que iba desde física y química hasta alimentación, nutrición y salud, pasando por latín, biología, educación plástica, tecnología, música o ciencias aplicadas a la actividad profesional). Este segundo ciclo incluía además otras tres materias comunes a las opcionales, o sea, una de ellas de imprescindible elección (informática, orientación profesional y segunda lengua extranjera).

La norma fue recibida con un absoluto y feroz rechazo, sobre todo en el entorno de los estudiantes y sus sindicatos, que el 22 de marzo y el 26 de abril convocaron huelga tanto en la enseñanza media como en la universidad. El Sindicato de Estudiantes, principal convocante, exigía su retirada y la consecuente dimisión del ministro, Javier Solana. Según sus convocantes, la huelga tenía como objetivos fundamentales la defensa de la gratuidad de la enseñanza, la reclamación de una oferta pública suficiente en enseñanza infantil, el control de prácticas en Formación Profesional, acabar con la masificación, eliminar las pruebas de acceso a la Universidad y exigir mayores inversiones de la Administración en materia educativa.

En el fondo yacía el conflicto entre escuela pública y privada. Los detractores de la LOGSE consideraban que la ampliación hasta los 16 años de la enseñanza obligatoria en aquellas circunstancias incrementaría las subvenciones a los centros privados en discriminación de los públicos. A pesar del éxito masivo de la convocatoria de huelga, la ley acabó aplicándose y fue desarrollada en toda su extensión, convirtiéndose, después de la EGB, en el sistema de enseñanza que afectó a más generaciones de españoles, hasta el momento.

Los preceptos educativos de esta norma legal se mantuvieron durante más de doce años y estuvieron siempre marcados por la sensación generalizada de que la LOGSE, y sobre todo la ESO, propiciaron la peor etapa del sistema educativo de nuestra historia democrática y generaron la idea colectiva, y no del todo exacta, de que la educación secundaria se había convertido en un coladero para alumnos que no desarrollaban todas sus capacidades por la falta de la exigencias a la hora de pasar de curso escolar.

Eduardo Castellón Mallor

Sincronía, una sola Humanidad.Por un Pacto de Estado en Educación

DOCUMENTOS BESINCRO Las leyes educativas españolas (1) De la LGE a la LOECE (1970 – 1980)

Escuela franquista (antigua) - copia - copiaEl gobierno acaba de dar luz verde a la tramitación parlamentaria de la LOMLOE, la octava ley de educación que se pone en marcha en nuestro país desde la restauración de la democracia. Todo parece indicar que no será la definitiva, ya que nace, igual que las anteriores, sin consenso entre los partidos políticos. Para entender las raíces del problema de la educación en España es imprescindible conocer la evolución de sus reformas legislativas en el terreno de la pedagogía. Comenzamos hoy la publicación de una serie de documentos sobre la historia de las sucesivas reformas educativas que se han efectuado en España en las últimas cinco décadas.

En poco más de cuatro décadas, hemos tenido ocho leyes orgánicas de educación diferentes y en algunos casos divergentes. La distintas reformas y contra reformas se han sucedido al ritmo de los cambios y vaivenes políticos, de forma que prácticamente a cada cambio de color político en el gobierno le ha correspondido un giro en el proyecto educativo del país y en casi todos los casos, sin que haya podido completarse y desarrollarse del todo. Este continuo cambio de rumbo ha supuesto tradicionalmente un enorme esfuerzo por parte del profesorado, que apenas ha tenido tiempo de adaptarse a una normativa cuando ya se le exige la aplicación de una nueva. La consecuencia ha sido una planificación pedagógica errática y unas cifras de fracaso escolar que no se corresponden con un país plenamente desarrollado. Para entender este proceso vamos a conocer una por una, y por orden cronológico, todas las leyes educativas que se han aprobado en los últimos cuarenta y cuatro años.

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La LGE, 1970

El 1 de abril de 1970, el ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, presentaba ante las Cortes la Ley General de Educación, destinada a modernizar el caducado sistema educativo español. La noticia compartió página en el diario ABC con la celebración de la ‘Semana Costa del Sol en Nueva York’, lo que demuestra la escasa atención que suscitó en la prensa de aquellos días, más volcada en recoger las andanzas de un joven piloto de motos llamado Ángel Nieto, las condenas del Tribunal de Orden Público por propaganda subversiva y asociación ilícita, el nombramiento del obispo de Palencia o la construcción de la autopista de peaje Sevilla-Cádiz, por la que en el futuro circularían dos coches que habían salido al mercado por entonces: el Renault 8 y el Dyane 6. Así, pues, nada parecía indicarlo, pero Villar Palasí estaba escribiendo uno de los capítulos fundamentales de la historia de la educación española.

A finales de los años sesenta, el sistema educativo español se había visto completamente desbordado por un abrumador aumento del número de alumnos (producto de la elevación del índice de natalidad) y una mayor exigencia en la escolarización por parte de una emergente clase media que había abandonado progresivamente el campo para instalarse en la periferia de las ciudades. Entre 1963 y 1968, el analfabetismo se había reducido en casi un millón de personas (el 5,7 % de la población mayor de 15 años), la tasa de escolaridad se situaba en torno al 80% (3.541.474 en primaria y 482.570 en secundaria, según datos de 1967) y los universitarios apenas sobrepasaban el 3%, algo que iba a verse incrementado de manera acelerada en la década siguiente.

El sistema educativo estaba totalmente obsoleto y la deficiencia y escasez de las instalaciones escolares eran propias de un país al borde del tercermundismo (eufemísticamente llamado ‘país en vías de desarrollo’). A mediados de los años sesenta un libro tan elemental, caduco y cuestionable como la famosa Enciclopedia Álvarez, que se dividía en elementales conceptos matemáticos, las reglas gramaticales, muchos preceptos de religión católica y una sesgada visión de la historia de nuestro país, todavía era tan habitual en las escuelas españolas como los rezos y los cantos patrióticos con que comenzaba la jornada.

En su discurso de presentación ante las Cortes, el propio Villar Palasí reconocía la necesidad de cambios profundos en la educación española a causa de la falta de instalaciones para preescolar en zonas rurales y obreras, la doble vía de primaria que impedía el acceso de las clases más desfavorecidas a los estudios superiores, la escasez generalizada de plazas escolares, la proporción excesiva de alumnos por profesor, los elevados niveles de suspensos y la desarticulación de la formación profesional. En definitiva, el sistema había sido superado por una realidad social en vertiginoso cambio y era necesario afrontar el reto. El ministro lo explicaba de forma diáfana, a pesar de la enrevesada retórica de la época: “No se trata de dar respuesta solamente a los problemas más acuciantes de nuestra época, sino principalmente de dar una muestra de generosidad y responsabilidad en favor de las próximas generaciones, para que puedan participar más plenamente en una sociedad más justa, más libre y más abundante de bienestar y riqueza”.

Quizá sin saberlo, Palasí estaba dibujando las líneas elementales de la norma educativa con la que varias generaciones de españolas abordarían la siguiente década, la más decisiva de la historia reciente del país, la que marcaría el paso de la dictadura a la democracia. En palabras del propio ministro, los objetivos de la reforma educativa eran tan ambiciosos como elementales: “Queremos que se abran las puertas de los centros de enseñanza de par en par, sin limitaciones ni discriminación alguna para ningún español, para que todos los españoles puedan acceder a esa educación esencial y mínima, a esa educación general básica que ha de ser la plataforma cultural de su vida y que debe crear en cada centro, a modo de micro sociedad, un auténtico clima de convivencia. (….) Porque como dijera Jovellanos, y la afirmación es válida hoy, el problema de España es un problema de la Escuela o por decirlo en términos actuales, un problema de educación”. El ministro Palasí acabaría pasando a la historia nacional como ‘el padre de la EGB’, la Educación General Básica, un sistema en el que se educaron generaciones de españoles durante casi veinte años, y sus palabras –desdichadamente- siguen siendo un perfecto diagnóstico para la educación española más de cuatro décadas después.

historia-de-la-educacion-en-el-xxEs indispensable, pues, comenzar la historia de las reformas educativas de la democracia por una ley promulgada en los estertores de la dictadura franquista y que reflejaba, como casi todo en aquellos días, un anhelo de modernidad y libertad que acabase de una vez con aquellos míticos “20 años de retraso con el resto del mundo civilizado”, por usar una expresión de la época. La LGE reformó el sistema educativo de arriba a abajo, desde la educación preescolar hasta la universitaria, para adaptar un modelo educativo más propio del siglo XIX a las necesidades de escolarización de una sociedad que se preparaba para entrar a todo tren en el vertiginoso y cambiante tramo final del siglo XX.

En líneas generales, se estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años mediante la Educación General Básica, estructurada en dos etapas. Tras esta primera fase, que duraba ocho cursos, el alumnado podía optar por acceder al BUP (Bachillerato Unificado Polivalente), o a la entonces recién creada FP (Formación Profesional). Los ocho cursos de escolarización obligatoria se dividían en dos ciclos: del 1º al 5º curso y del 6º a 8º. Esta estructura pasó a ser de tres ciclos a partir de 1981, año en el que ya estaba en vigor la LOCE, la primera ley educativa de la democracia. Las asignaturas del ciclo obligatorio eran matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, idiomas extranjeros, educación física, plástica y religión.

El BUP duraba tres años y en el último los alumnos optaban por las ramas de ciencias o letras, eligiendo tres asignaturas de las cuatro que tenía cada opción, que se complementaban con las asignaturas obligatorias y comunes para ambas ramas. Finalmente, en la LGE se establecía un Curso de Orientación Universitaria (COU) que sustituía al antiguo Curso Preuniversitario y que servía de preparación para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), conocidas desde el principio como Examen de Selectividad. El COU se aplicó a partir de 1976, año a partir del cual la LGE se aplicó ya de forma generalizada a toda la población escolar.

Para entonces, España estaba sumergida en un profundo proceso de cambio político y social, la famosa Transición Democrática, que en otoño de 1977 dio un salto hacia adelante con la firma de los llamados Pactos de la Moncloa, que todos los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron el 25 de octubre, cuatro meses después de las primeras elecciones generales, en las que obtuvo la victoria la UCD de Adolfo Suárez. Se trataba, en definitiva, de superar una grave situación de inestabilidad política y social y de buscar una salida a la crisis económica derivada de la crisis del petróleo de 1973.

15290750825946En el aspecto educativo, los Pactos de la Moncloa supusieron la creación de 750.000 nuevas plazas escolares, pero ningún cambio legislativo. Los acuerdos suscritos en esta materia se limitaron en líneas generales a mantener la ley de educación del ministro Palasín y a establecer unas líneas generales, a modo de grandes intenciones, sobre la necesidad de democratizar el sistema educativo y de establecer cauces de participación para todos los sectores implicados mediante la definición de unos nuevos estatutos para el profesorado y los centros educativos. Como objetivos prioritarios se marcaron la mejora de la calidad educativa, la homogeneización de su aplicación técnica entre los centros públicos y privados (denominados entonces estatales y no estatales) y la gratuidad progresiva de la enseñanza.

Vale la pena detenerse en este último punto, porque es en el que el texto de los Pactos baja más al detalle. Se proponen una serie de medidas concretas que tendrán reflejos en los inmediatos planes educativos que se adopten durante los primeros años de la recién estrenada democracia. En los centros públicos -o estatales, como son denominados en el documento- se propone avanzar en la gratuidad mediante “la construcción, equipamiento y atención a los gastos de funcionamiento y de profesorado de los puestos escolares que se incluyan en el Plan Extraordinario de Escolarización de 40.000 millones de pesetas. A tales efectos se crearán 400.000 plazas de Educación General Básica, 200.000 nuevas plazas de Educación preescolar y 100.000 nuevas plazas de Bachillerato Unificado Polivalente durante 1978”. Además se propone estudiar medidas concretas para adecuar los sueldos del profesorado a los nuevos tiempos económicos, buscar medidas que tiendan a la gratuidad absoluta de servicios de comedor y transporte en los niveles de enseñanza obligatoria, especialmente cuando se impongan como necesarios para los alumnos de concentraciones escolares y, finalmente, se estipula que se examinará el posible abaratamiento de los libros de texto en niveles educativos obligatorios.

Otro capítulo que merece especial atención es el que hace referencia a la participación de los padres de alumnos y del profesorado en el control del funcionamiento y condiciones de los centros educativos. En cuanto a los centros privados se propone proceder a “una revisión profunda del sistema de financiación con la definición, si se considera conveniente, de un estatuto de los centros subvencionados en que se prevea la participación de padres de alumnos y profesorado por la que se atienda a la función, necesidades y condiciones de tales centros, y en el que se asegure el control de la aplicación de fondos públicos a los mismos”. Este será uno de los campos de batalla del futuro educativo del país, mermado de centros públicos y abocado a una política de concertación con los privados que se convertirá en uno de los puntos más polémicos del debate educativo.

Por último, pero no menos importante, se abre un nuevo capítulo de consideraciones sobre el nuevo modelo territorial que, aunque está por perfilar definitivamente, supondrá otro elemento de polémica, todavía sin solucionar. En los acuerdos adoptados por los partidos en los Pactos de la Moncloa se afirma que “Se incorporarán las distintas lenguas y contenidos culturales en sus respectivos ámbitos territoriales, para todos los niveles educativos obligatorios. En coherencia con estas medidas, se facilitará al profesorado, en su caso, el oportuno reciclaje y (….) se establecerá la pertinente colaboración entre el Gobierno y las instituciones autonómicas para la realización de estos planes”. Las transferencias autonómicas en educación todavía no se han planteado formalmente, pero el campo de juego del próximo tira y afloja ya está planteado.
La escasez de infraestructuras era tal que en un texto tan genérico como el de los acuerdos en materia de educación ya se esbozan las líneas generales de la política de inversiones necesaria para dotar al país de los centros educativos necesarios y se insta a “una eficaz acción en materia de obtención de suelo, para lo que se precisa una especialísima colaboración de los organismos de Obras Públicas y Urbanismo, así como de las Corporaciones Locales, y las medidas legislativas necesarias que permitan la urgente disponibilidad del suelo”. La mayoría de estas líneas generales serán recogidas en la primera ley educativa redactada tras la recuperación de las libertades democráticas.

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La LOECE, 1980

Tras la firma de la Constitución de 1978 se produce un incesante aluvión de cambios legislativos, entre los que figura de forma más bien discreta la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, que fue la primera que se aprobó en el campo de las enseñanza media. Estuvo vigente sólo cinco años, y su principal consciencia fue la introducción del modelo democrático en la organización de los centros docentes.

La que en puridad se puede considerar como la primera ley de Educación nacida en democracia fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de junio de 1980. Hacía quince meses que la UCD de Adolfo Suárez había revalidado gobierno, aunque sin mayoría absoluta y a sólo cuarenta y siete escaños del PSOE de Felipe González. La sociedad española estaba viviendo su época de mayores cambios desde el final de la Guerra Civil. Mientras una mayoría de la población intentaba olvidar los tiempos del socialcatolicismo franquista y abrirse definitivamente a las corrientes más innovadoras, una parte pequeña pero férreamente inmovilista trataba de evitar la ruptura con el pasado.

Por todos lados se respiraban ansias de cambio y de modernidad. En 1980 se reabre la frontera entre Gibraltar y España, cerrada desde 1969, millones de españoles se dan cita ante la televisión para ver la serie Dallas y siguen con morbosa atención los detalles del asesinato de los Marqueses de Urquijo. Políticamente, el año está marcado por el desarrollo del estado autonómico, con la celebración del referéndum de autonomía de Andalucía, las primeras elecciones a los parlamentos vasco y catalán y la aprobación del estatuto de autonomía de Galicia, Esta realidad fue recogida por la ley, incluyendo las lenguas oficiales de cada autonomía tanto en la EGB como en el BUP, modelos que se mantuvieron prácticamente intactos en el nuevo texto legal, más centrado en la cuestión del sistema de funcionamiento de los centros docentes para adaptarlos a los nuevos usos democráticos. El sistema educativo permanecía prácticamente inalterable.

El PSOE, principal partido de la oposición, recurrió el texto legal ante el Tribunal Constitucional aduciendo que no respetaba el espíritu y la letra de la Constitución. La sentencia del TC, emitida el 13 de febrero de 1981, dio la razón a los socialistas en un buen número de sus reclamaciones. Fue precisamente esta sentencia la que acabó por dotar de contenido a una ley de circunstancias, ensombrecida por las reformas más urgentes que demandaba el país en aquellos días. La respuesta del alto tribunal fue fundamental para fijar los límites de las libertades en la enseñanza y el respeto al derecho a la educación y obligaba al gobierno de UCD a revisar tan profundamente la LOECE que prácticamente hubiese significado la redacción de un nuevo proyecto de ley. Pero circunstancias políticas de extrema gravedad y trascendencia abortaron la que podría haber sido la primera reforma legal educativa en profundidad de la democracia. El intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, el cambio de Adolfo Suárez por Leopoldo Calvo Sotelo en la presidencia del gobierno y el posterior triunfo electoral del PSOE en 1982 convirtieron la LOECE en una ley muerta que nunca entró en vigor.

Eduardo Castellón Mallor