Juegos y actividades para hacer más llevadero el confinamiento a los niños (4)

d853d51227b4c9aed38295771cac2df8Manualidades, juegos, marionetas improvisadas, cuentacuentos on line… en la red puedes encontrar numerosas ideas y posibilidades para hacer más llevadero el confinamiento en los hogares donde hay niños pequeños. Para este fin de semana te aconsejamos un enlace web donde puedes encontrar un montón de ideas para desarrollar en tu casa y de páginas web que ofrece gratuitamente diversos servicios de ocio infantil.

Pero recuerda que también hay muchos hogares con niños sin acceso a internet y puedes compartir con ellos esos juegos de mesa que ya no usas o esos jugetes que tus hijos ya han olvidado y que para otros niños pueden ser nuevos… y sobre todo, puedes demostrarles que no están solos.

Sincronía una sola Humanidad. Gracias y mucha suerte.

https://ladiversiva.com/actividades-online-gratis-para-ninos-durante-la-cuarentena-por-el-estado-de-alarma

Ilustres olvidadas: Liz Claiborne, la diseñadora que desafió el mundo de la moda y vistió a la mujer profesional moderna

Liz ClaiborneAnne Elisabeth Jane Claiborne, nació en Bruselas el 31 de marzo de 1929, justo cuando una crisis económica de dimensiones desconocidas hasta entonces comenzaba a arrasar en todo el planeta y sembraba la semilla para el nacimiento de los movimientos totalitarios que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, que la joven que seria conocida como Liz Claiborne viviría en un país ocupado por los nazis. Poco después de acabar la guerra, a los 20 años, emigró a Estados Unidos, al igual que hicieron miles de europeos, y se instaló primero en Nueva Orleans y luego en un internado en Catonsville, Maryland.

A principios de los años 50, tras ganar en Francia el Concurso Nacional de Diseño de Jacques Heim, uno de los más prestigiosas de la época, se instaló en Nueva York para trabajar como diseñadora, primero en la casa Sportswear, de Tina Leser, y más tarde para Dan Keller. En 1976 logró fundar su propia empresa de diseño, Liz Claiborne S.A., en un abierto desafío a un sector que en aquel momento estaba exclusivamente controlado por hombres. Desde el primer momento mantuvo un doble reto: no solo se afianzó como empresaria de éxito, sino que además volcó todo su esfuerzo en crear una línea de moda inédita hasta entonces: crear ropa asequible y elegante para las mujeres que en aquel entonces comenzaban a romper barreras e incorporarse a la alta dirección de las empresas.

Liz Claiborne, reinventó el traje de chaqueta, apartándolo de lo que hasta entonces era una copia adusta de la moda masculina y creó una línea de prendas femeninas que se convirtieron en un emblema de las primeras mujeres ejecutivas que trataban de romper barreras y escalar puestos en el mundo profesional. En 1986 su empresa fue la primera fundada por una mujer que entró a formar parte del ranking de las 500 empresas más importantes que elabora la revista Fortune. Cuando dejó la dirección de la empresa, a principios de los años 90, la compañía era la mayor fabricante de ropa de mujer de Estados Unidos.

Incansable defensora de dar mayores oportunidades profesionales a la mujer en todos los niveles del negocio del mundo de la moda, Claiborne se dedicó tras su retiro a actvidades humanitarias y solidarias creando, entre otras cosas, una fundación dedicada a la protección del medioambiente. Tras dejar una huella indeleble en el mundo de los negocios al contribuir al acceso de la mujer a puestos directivos, tanto con su ejemplo personal como con su creatividad, falleció a los 78 años de edad en el Hospital Presbiteriano de Manhattan en el verano de 2007, a consecuencia del cáncer que sufría desde hacía más de una década.

Sincronía, una sola Humanidad

Consejos para sobrellevar (y estudiar) el confinamiento con niños (3)

1Siguiendo con nuestra busqueda de programas en la red para hacer más fácil la convivencia familiar durante el confinamiento y además tratar de provechar en la mayor medida posible el tiempo libre y hacer que los niños sigan con su desarrollo educativo, hoy facilitamos el acceso al Proyecto EDIA, del Ministerio de Educación, que ofrece contenidos educativos para Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Sincronía, una sola Humanidad

Enlace al proyecto

https://cedec.intef.es/recursos/

DOCUMENTOS BESINCRO Las leyes educativas españolas (4) De la LOE, a la LOMCE (2006 – 2013)

imagen_15097Cuarto y último capítulo del resumen especial sobre la historia de las leyes educativas en España, que comenzamos a publicar con motivo del inicio de los trámites parlamentarios de la LOMLOE, la octava reforma en democracia. Hoy es el turno de la LOE, una refundición y adaptación de las principales leyes educativas de los gobiernos socialistas, y de la LOMCE, probablemente la reforma más polémica de nuestro sistema educativo con la que el Partido Popular pretendió dar un giro absoluto a las reformas socialistas y que acabó sin implementarse totalmente en medio de un ambiente de inestabilidad política que propició la moción de censura que en 2018 llevó a la caída del gobierno de Mariano Rajoy.

La LOE, 2006

Con esta ley el nuevo gobierno socialista desmantelaba los preceptos de la momificada LOCE, que llevaba cuatro años olvidada en los vericuetos administrativos del Ministerio de Educación. Por entonces, la situación de la educación española distaba de ser buena, tal y como refleja un informe de la UNESCO, que la coloca en el puesto veintiséis en cuanto a desarrollo educativo, por debajo de los mayoría de los países de la Unión Europea.

La Ley Orgánica de Educación podría ser fácilmente considerada como una refundición de diversos aspectos de leyes anteriores como la LOGSE, la LOPEG y la LOCE. Su objetivo teórico es adecuar la educación no universitaria “a la situación actual” en base a criterios de calidad, y prácticamente mantiene la estructura programática de la LOGSE. El texto de la ley mantiene la división de centros de educación públicos, privados y privados concertados. Los centros de educación privados concertados son centros creados por iniciativa de la sociedad civil, pero sostenidos con fondos públicos, lo que sigue sin solventar la eterna polémica sobre la financiación de la enseñanza y su división entre pública y privada.

Esta ley encontró una fuerte contestación social, especialmente entre los sectores más conservadores, por el tratamiento que se daba a la enseñanza de la religión, asignatura que, junto con su alternativa laica, quedaba fuera de la evaluación en el expediente educativo. En definitiva, los centros debían ofertar la asignatura de religión, pero ésta sería de libre elección por los alumnos y no contaría para nada en la promoción de curso, las pruebas de acceso a la universidad ni la obtención de becas, exactamente lo contrario de lo que promulgaba la ley anterior.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria y evaluable se convirtió en caballo de batalla político, mucho más allá de los meros ámbitos educativos. Vinculada directamente a la figura del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero -que fue quien propuso su introducción en el proyecto de ley- fue denostada y ridiculizada por los sectores afines al PP por considerar que colocaba al Estado como elemento adoctrinador de la moral de los estudiantes.

Una de las quejas de la oposición era que la ley restaba libertad a los padres de los alumnos para poder elegir entre centros públicos y privados y que permitía la dispersión del plan educativo entre las diecisiete comunidades autónomas y su propia aplicación de la norma. Otro argumento crítico era que la ley suponía menor exigencia al alumnado, con la posibilidad de pasar de curso con materias suspendidas, equiparándola al peor concepto de la ESO.

Su impulsora fue la ministra María Jesús San Segundo, relevada de su departamento justo al día siguiente de que el Proyecto de Ley fuese aprobado en el Congreso de los Diputados con 181 votos a favor (PSOE, CiU, PNV, ERC, ICV, CC y EA), 133 en contra (PP) y 12 abstenciones (IU, BNG, ChA y NB). San Segundo fue sustituida al frente del Ministerio de Educación por Ángel Gabilondo, el único ministro que defendió y trató de impulsar un Pacto de Estado en Educación.

La feroz oposición a esta ley por parte del principal partido de la oposición y de colectivos sociales como padres de alumnos y amplios sectores de la enseñanza privada, anunciaba su defunción en cuanto se produjese un nuevo cambio de color político en el gobierno, algo que se produjo en el año 2013 con la implantación de la LOMCE del ministro José Ignacio Wert, que a su vez nació como una ley moribunda dado el rechazo generalizado que ha provocado su implantación (que, por cierto, se está produciendo con una lentitud y una resistencia más que notable por parte de administraciones autonómicas, profesores, padres y alumnos).

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La LOMCE, 2013

Dentro de la larga y procelosa batalla educativa, el último -por el momento- intento de reforma ha superado en polémica a todos los anteriores y ha destapado las esencias del desencuentro político educativo. La coincidencia con un grave período de recesión económica con fuertes recortes presupuestarios y el panorama de duro enfrentamiento político pusieron desde el primer momento en el ojo del huracán a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida popularmente, y sobre todo impopularmente, como Ley Wert, por el combativo y polémico ministro que la impulsó, Luis Ignacio Wert, que dejó el cargo dos años después de la aprobación de la ley, cuya aplicación quedó en manos de su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo.

La LOMCE fue aprobada en el Congreso el 28 de noviembre de 2013, con el único apoyo del Partido Popular y los votos en contra del resto de los grupos parlamentarios excepto Unión del Pueblo Navarro, que se abstuvo. La mayoría absoluta del partido del gobierno permitió la aprobación de la ley, pero auguraba una difícil puesta en marcha y un futuro limitado para un texto legal que el resto de los partidos prometieron derogar en cuanto llegasen al gobierno. Sindicatos de profesores, de estudiantes, organizaciones de padres de alumnos de la escuela pública e incluso, en ocasiones, de la privada y otros colectivos sociales mostraron su oposición y exigieron su retirada. Desde que se hizo público el primer texto del proyecto se sucedieron las huelgas, manifestaciones, comunicados, concentraciones y demás muestras de rechazo, espoleadas por las medidas de austeridad en las que tanto profesores como plataformas de defensa de la escuela pública veían un ataque frontal contra el derecho básico a la enseñanza pública y gratuita. La LOMCE recibió descalificativos tan contundentes como clasista, segregadora, retrógrada e involucionista, mientras sus defensores la han defendido como una indispensable herramienta de modernización de nuestra enseñanza.

Además de levantar una enorme polvareda política en torno al tratamiento de los idiomas cooficiales, especialmente el catalán, que para las administraciones educativas de las comunidades autónomas afectadas suponía un retroceso histórico al considerar dichos idiomas como asignaturas de especialización optativas en lugar de asignaturas troncales -algo que llevó al debate en torno a la ley por terrenos lejanos a lo estrictamente educativo-, la ley concitó rechazo en torno a numerosos aspectos que afectaban tanto a aspectos curriculares como ideológicos o administrativos. La oposición se centró sobre todo en aspectos como las pruebas de evaluación final para obtener el título de Graduado en ESO y el título de Bachiller, consideradas como una nueva reválida discriminatoria, el regreso al expediente académico de la asignatura de religión, la práctica desaparición de asignaturas como la filosofía o el papel de comparsa al que se relegaba a otras como la música, los conciertos con los colegios que separan por sexos, la ampliación de las competencias del director en detrimento del Consejo Escolar o la nueva distribución de la oferta de plazas entre la enseñanza pública y la privada concertada, que suponía de hecho acabar el compromiso del Estado de garantizar una plaza en un centro público en los niveles básicos de enseñanza.

Dos años después de su aprobación, la aplicación de la ley en los centros escolares fue renqueante, incompleta y agónica. Doce comunidades no gobernadas por el PP -Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Cataluña, Extremadura, Baleares, Valencia, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla la Mancha- se declararon contrarias a la LOMCE desde un primer momento, optando en algunos casos por una sorda insumisión que llevó a aplicar la ley solo parcialmente y con adaptaciones, como en el caso de Aragón al recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía o reducir las clases de religión y aumentar las de inglés, muy similar a lo que hicieron los gobiernos de Cantabria, Canarias o Andalucía. Cataluña también hizo una adaptación de la norma con cambios en el currículo, añadidos de asignaturas como música o educación plástica, además de pretender evitar la separación de materias entre bachillerato y formación profesional. En una línea similar se movió el País Vasco, donde entre otras cosas también se recuperó la educación para la ciudadanía en detrimento de horas de religión, que en Asturias fueron llevadas a la mínima expresión.

Más allá de las bondades y miserias de esta reforma educativa, todo hacía prever que no perdurase más allá de un par de legislaturas una ley sobre la que pendía la espada de Damocles del compromiso firmado en su día por varias formaciones políticas: PSOE, CiU, La Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA), Amaiur, PNV, ERC, BNG, CC, Coalició Compromís y GBAI, de derogarla si alguna de ellas accedía al gobierno, cosa que sucedió a finales de 2019 con la formación del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Quizá la aportación más importante de este texto, que nació prácticamente muerto por falta de diálogo y consenso, fue precisamente la de agitar el debate educativo y dejar patente la urgencia de un pacto de Estado en Educación, algo que es de temer que se repita con la LOMLOE.

Sincronía, una sola Humanidad. Por un Pacto de Estado en Educación.

Consejos para sobrellevar (y aprovechar) el confinamiento con niños (2)

mother-son-homework-350Seguimos proporcionando pistas y enlaces donde se facilitan métodos para tratar de paliar el estrés familiar que produce el confinamiento en familias con niños en edad escolar. Hoy toca el turno a una serie de guías de ayuda para que los niños, al tiempo que se entretienen, puedan seguir avanzando en su práctica educativa.

 

Sincronía, una sola Humanidad. Un abrazo y mucha suerte a todos.

https://www.educaciontrespuntocero.com/familias/consejos-favorecer-estudio-en-casa/?fbclid=IwAR2K4BhXkep7gZdSiBpbMyQSMzRwWAhf1GAD0hjwBszOO1rb_Wsc9mxwUkY

Consejos para sobrellevar el confinamiento con niños (1)

Los niños son inquietos por naturaleza y estar encerrados en casa pone aprueba la paciencia y la capacidad creativa de su familia. Desde Sincronía, una sola Humanidad queremos colaborar para hacer más llevadero el confinamiento, así que a partir de hoy vamos a ir recopliando inciativas con ideas para ayudar a pasar de la mejor forma posible esta difícil temporada.

Mucho ánimo y mucha suerte a todos.

Aquí os dejamos un enlace a 50 juegos muy económicos y divertidos para disfrutar con los pequeños de la casa

ttps://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/?fbclid=IwAR3HtqIXk-Nxe4ntSkdwAwT-2dLYeKp9Wov7Rl1nXANeY230xInO44KquFM

 

DOCUMENTOS BESINCRO Las leyes educativas españolas (3) De la LOPEG a la LOCE (1995 – 2002)

Aprender2019Tercer capítulo del resumen especial sobre la historia de las leyes educativas en España, que comenzamos a publicar con motivo del inicio de los trámites parlamentarios de la LOMLOE, la octava reforma en  democracia. En esta ocasión analizamos la LOPEG, una ley de debate enconado y duración efímera, y la LOCE, la primera ley educativa del Partido Popular.

 

La LOPEG, 1995

La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, conocida también como ‘Ley Pertierra’, es fundamentalmente una ley sobre gestión y gobierno de las instituciones escolares, que viene a reformar en casi su totalidad la LODE de 1985 en lo que respecta a la evaluación, la participación y el gobierno de centros docentes. Al igual que su predecesora, no incide directamente en programas de estudios, cambios de asignaturas o de sistemas de evaluación.

Fue aprobada en el Congreso el 8 de Noviembre con 178 votos favorables (los de PSOE, CiU y PNV), 154 en contra (los de PP, IU y CC), y una abstención. El ministro de Educación era Jerónimo Saavedra y su publicación en el BOE tuvo lugar dos días después del significativo avance del PP en las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña, donde obtuvo 17 escaños. Con un Partido Popular en pleno ascenso, que culminaría cuatro meses después con la llegada al poder de José María Aznar, la tramitación de la ley fue áspera y bronca, lo que ya anunciaba su defunción en breve plazo.

Entre sus detractores se encontraban todos los sindicatos de profesores de enseñanza pública, que la acusaban de jerarquizante por supeditar excesivamente la elección de los directores de los centros docentes al criterio de la Administración. Y eso a pesar de que en el articulado se mantiene que “Se da más autonomía a los centros docentes y se refuerza su competencia en referencia a su organización, gestión de recursos y de autonomía pedagógica. Se fomenta la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros educativos y en la definición del Proyecto Educativo”. Tampoco contó con el respaldo abierto de las asociaciones de padres y madres de alumnos y una de las más importantes, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, con influencia e implantación fundamental en los centros de enseñanza pública, que inicialmente había prestado su apoyo al proyecto, acabó mostrándose abiertamente disconforme con él, en contradicción también con las intenciones teóricas del texto legal que mantiene que “Optimiza y refuerza los funcionamientos de los consejos escolares, los claustros de profesores, asociaciones de padres y madres y su representatividad en el consejo escolar, y también la representación de los alumnos en el consejo escolar”. Al final del trámite parlamentario, el portavoz del PP -el principal partido de la oposición- anunciaba ya que cuando su partido tuviese responsabilidades de gobierno revisarían a fondo la ley de educación.

A pesar de su bajo perfil en cuestiones pedagógicas, la ley introduce algunas novedades concretas, como la garantía de la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes con fondos públicos, y promueve la organización de cursos para la formación del profesorado. Para sus defensores, la LOPEG favorecía un tratamiento más abierto a la autonomía de los centros, estableciendo que cada centro podría tener su proyecto educativo, su proyecto curricular y sus normas de funcionamiento. Además reforzaba las funciones de los consejos escolares, con la elección del director, una mayor autonomía en la organización y gestión del centro y en la elaboración del PEC donde se fijarán los objetivos, las prioridades y los procedimiento de actuación, siguiendo las directrices del consejo escolar. De acuerdo con el principio de mayor autonomía que implicaba una mayor rendición de cuentas, introdujo también el concepto de evaluación de centros y del sistema educativo. Fue, también, la primera en establecer la evaluación del profesorado con repercusiones en su promoción profesional. Y finalmente, por lo que respecta a la distribución de competencias, la LOPEG creó el Instituto Nacional de Calidad Educativa que se encargaba de la evaluación general del sistema educativo.

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La LOCE, 2002

La LOCE es quizá el mejor ejemplo de la fragilidad de nuestros proyectos educativos y su subordinación a los vaivenes políticos. Promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar, siendo ministra Pilar del Castillo, pretendía -como todas sus predecesoras herederas- reformar y mejorar la educación en España, pero ni siquiera llegó a aplicarse.

Es la primera ley educativa del Partido Popular (habían pasado seis años desde su llegada al poder) y llega como si quisiese pasar desapercibida, en plenas fiestas navideñas e informativamente silenciada por el chapapote de Prestige, el petrolero que se había hundido un mes antes en las costas de la Coruña, creando una marea de solidaridad para limpiar las costras tan grande como la ola de indignación que recorrió el país por la gestión gubernamental de la catástrofe ecológica. En el terreno educativo, el gobierno había tenido que enfrentarse un año antes a una fuerte contestación callejera por su decisión de sustituir la Ley de Reforma Universitaria (LRU) por la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU). Para el ejecutivo y la ministra del ramo, Pilar del Castillo, significaba un importante avance en “la evaluación del sistema universitario que permita a los estudiantes y a los padres conocer cuál es la calidad de los centros y cuál es el rendimiento de un servicio público que se financia con el dinero de los ciudadanos”. Pero los universitarios consideraban que la ley era un ataque directo a la enseñanza pública y que suponía un endurecimiento del acceso de los jóvenes a la enseñanza superior. El 1 de diciembre se produjo una gran concentración en Madrid, punto culminante de estas movilizaciones. La protesta, aunque sólo afectaba a la comunidad universitaria, acabó ampliándose a la enseñanza secundaria y amplió su rechazo a la Ley de Calidad ni Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza.

El clima de enfrentamiento político hizo que su tramitación fuera un proceso largo y difícil, nueve meses en los que la práctica totalidad de la oposición no logró incluir ni una sola enmienda al texto, que finalmente sólo respaldaron el Partido Popular y Coalición canaria. La LOCE recuperaba la total validez académica para la asignatura de religión, que había desaparecido en la ley anterior, lo que supuso la oposición de los defensores de la escuela pública y laica. Otra de sus medidas más controvertidas era la implantación de itinerarios desde la ESO y una Prueba General de Bachillerato para obtener el título de este nivel educativo.

Ni los sindicatos mayoritarios ni la entidad que representa a los padres y madres laicos, la CEAPA, apoyaron esta ley que socialmente contó exclusivamente con el apoyo de la patronal de la enseñanza privada y la entidad que representa a los padre y madres de colegios católicos, la CONCAPA. Mientras para los primeros una reforma educativa sin consejos, ni diálogo y con muy pocos apoyos sólo contribuirá a que su aplicación sea estéril en muchas escuelas, para los segundos sienta las bases para mejorar el sistema educativo, aunque necesita un buen desarrollo reglamentario y consideran especialmente que la gratuidad de la educación infantil en todos los centros concertados favorece la libre elección de enseñanza.

El día de su proclamación en el BOE, el diario ABC destacaba una reveladora e ilustrativa carta al director de un pedagogo de Lérida, Miquel Navarro i Oriach, autor del libro “Reflexiones de/para un director: Lo cotidiano en un centro educativo”, en la que comenzaba afirmando: “Dado el revuelo social que ocasionan las reformas educativas, sería de aconsejar a los respectivos gobiernos que optaran por introducir los cambios poco a poco, para que fueran de mejor asimilación”. Además afirmaba que en su día celebró la llegada de la LOGSE, aunque reconocía que “Al cabo de estos doce años, protestamos por esta nueva ley, llamada de calidad, porque recorta los avances de la anterior, en lugar de reconocer que, en gran medida, vuelve a poner algunas cosas en su sitio porque eran tan idílicas y caras que no hemos sabido ni podido materializarlas”. Tras analizar los fracasos en la aplicación de la LOGSE, Navarro acababa afirmando: “En definitiva, ¡realismo!, que si no hay más, es mejor comer poco, pero digerir bien”. Ni la sensatez de este docente tuvo su contrapartida en la administración (y así seguimos a día de hoy) ni sus augurios sobre la nueva ley pudieron comprobarse, dada su efímera existencia. Tras la llegada al poder del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, se paralizó el calendario de aplicación de la nueva ley por medio de un Real Decreto, por lo que la norma nunca llegó a aplicarse y se recuperó la ley anterior, la LOPEG.

Sincronía, una sola Humanidad. Por un Pacto de Estado en Educación.